Es evidente que la política y la percepción que de la política tiene la
ciudadanía ha cambiado en los últimos años. Durante la transición, la
efervescencia de movimientos, inquietudes, anhelos y necesidades de cambiar la
realidad de 40 años del fascismo franquista hizo que una parte importante de
personas participaran en el cambio político, en la modernización de nuestro
país. Y no sólo mediante la militancia en partidos políticos; las asociaciones
de vecinos, los sindicatos de clase, las asociaciones culturales, los
movimientos de renovación pedagógica, etc., vivieron años de esplendor porque
la gente depositaba en ellos todas las energías e ilusiones que cuarenta años
de represión no consiguieron matar.
Pero casi todo eso se fue apagando, poco a poco, lentamente. La llegada al
poder del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra pareció ser la culminación
del cambio, no la llegada de él. Como si todo se hubiera hecho ya, la
participación ciudadana estructurada y organizada se fue diluyendo y casi
desapareciendo. El éxito de la política de entonces, aumentada y potenciada por los gobiernos de Aznar, fue conseguir que los partidos
políticos quedaran como únicos referentes válidos para gestionar y
pseudotransformar la realidad existente. Cada cuatro años se llamaba a votar y
eso reflejaba los buenos y malos de cada momento. Y en ello entraron todos los
implicados; desde, evidentemente, las estructuras de los partidos políticos que
podían manejar y controlar, con pocos efectivos, las propias estructuras
partidistas y las políticas a desarrollar, hasta la propia ciudadanía que, en
un ejercicio de desafección y desidia, dejaba en manos de esas mismas élites el
devenir del país en casi todos los ámbitos de decisión. Todo ello reforzado y
aumentado con el papel de los medios de comunicación.
Sólo en ese contexto se puede entender el sentimiento de impunidad que algunos
gestores de lo público han tenido durante años y que han permitido la creación
de grandes y pequeñas tramas de corrupción casi generalizada, de saqueo sistemático
de las arcas públicas. Los múltiples casos de corrupción a gran y mediana escala
son harto conocidas. Y todos conocemos o hemos oído hablar de prácticas
parecidas, en dimensión más reducidad pero igualmente repudiables y
repugnantes, en nuestros pueblos. La
desaparición, interesada y organizada por parte de los gestores políticos, del
control de las políticas públicas por quienes son sus principales sustentadores
y receptores, la ciudadanía, ha sido un factor necesario e imprescindible para la
práctica corrupta intensa en la administración pública (también en la privatizada);
y ejemplos de ello no faltan: plenos municipales a horas intempestivas para
dificultar las asistencia, opacidad de la información de gobiernos a los
partidos de la oposición o a los vecinos, falta de información sobre acuerdos
en parlamentos autonómicos, congreso y senado españoles, etc., etc., etc.
Sin embargo, toda esa desafección y distancia que los políticos y los
partidos generaban y mantenían con la ciudadanía no se transformaba en
indiferencia. Durante muchos años, se ha ido larvando un hastío, un hartazgo de
asumir, resignadamente, las consecuencias de la mala gestión. Las mentiras
dejaron de aceptarse la noche del 11 de marzo de 2004, cuando el entonces ministro
Acebes seguía achacando a ETA la autoría del atentado del metro de Madrid. Ese
día se encendió la mecha del Basta ya! que tuvo su gran explosión con los
movimientos del 15M de 2011. Se inició el proceso de transformación de la
política y de la gestión de la política. Los partidos políticos, los
ayuntamientos, los parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado ya no
pueden tomar las decisiones que quieran sin esperar respuesta de la gente que
vuelve a seguir con atención lo que pasa en el interior de la administración.
El afloramiento de múltiples casos de corrupción también responde a eso; por un
lado, hay más personas dispuestas a denunciar lo que está pasando y, por otro, ya
no existe esa sensación de impunidad que permitía a los altos cargos implicados
tapar las consecuencias de prácticas ilegales. El ojo de la gente está puesto
de nuevo sobre los centros de las decisiones y parece que no se moverá de ahí
en mucho tiempo.

No hay espacio para los que se niegan a ello, porque son el pasado y
representan las mismas formas de hacer y entender la política que combatimos,
aunque ahora se sienten a nuestro lado. Y seguiremos avanzando, con ellos si cambian,
contra ellos si hace falta, en pro del interés general de nuestro país. Pese a
quien le pese, porque nos lo merecemos como sociedad y como seres humanos.