En el DOCV de hoy lunes se ha publicado una resolución de la Conselleria de Educación que preside el conseller Font de Mora que desarrolla la normativa para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Hoy lunes, por si el conseller no se ha enterado, empiezan las clases en la totalidad de institutos de nuestro país. Publicar la normativa sobre el desarrollo de la normativa correspondiente a una asignatura el mismo día de su impartición es un ejercicio de pésima planificación, de falta de previsión y sobretodo, de falta de respeto hacia todos los estamentos educativos implicados: alumnos, familias, docentes y órganos de dirección. Esta normativa, que implica la presencia de dos profesores en el aula, el responsable de la asignatura y el responsable de la lengua inglesa en la que supuestamente se debe impartir la asignatura, se publica cuando las dedicaciones del profesorado de cada departamento docente están ya asignadas -recuerdo que hoy empiezan las clases-. Y eso sin entrar a cuestionar la posibilidad de la objeción o el desarrollo normativo sobre la asignatura que ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid.
El hecho más grave, sin embargo, no es ya el desarrollo normativo sobre una determinada materia. El pueblo valenciano escogió con mayoría absoluta al Partido Popular para que legislara, entre otras cosas, sobre la educación de nuestros jóvenes y con ello tenemos que lidiar al menos esta legislatura -y como el PSOE no se enmiende, para alguna más-. El problema más grave es la permisividad de la sociedad valenciana ante el uso que de un tema tan sensible como la formación de los jóvenes está haciendo un partido político, por mucha mayoría absoluta que tenga. La responsabilidad sobre el marco general de educación corresponde al gobieno estatal, refrendado por el Parlamento y el Senado. El hecho de la discrepancia política entre el gobierno central y el valenciano no puede, no debiera repercutir en el ámbito educativo y, menos aún, en la propugnación de métodos de insumisión ante las leyes aprobadas, aún las que no nos gusten.
Si así fuera, aquellos que, también desde el ámbito de la educación, no estemos de acuerdo con las leyes y decretos aprobadas por este gobierno valenciano, estaríamos avalados por su propia actitud y comportamiento para ejercer una insumisión boicoteadora de aquellas cuestiones con las que discrepamos. Y los principales perjudicados de todo eso no serían los gobiernos de cualquier color, los docentes o los padres: los perjudicados de manera especialmente sensible son los jóvenes que, sin saber bien qué pasa ni por qué pasa, se encuentran inmersos en una batalla política sobre la que, además, a nadie parece importar conocer su opinión.
Serán, como en otras guerras y otras batallas, daños colaterales asumibles en función de otras victorias mayores.
Hoy lunes, por si el conseller no se ha enterado, empiezan las clases en la totalidad de institutos de nuestro país. Publicar la normativa sobre el desarrollo de la normativa correspondiente a una asignatura el mismo día de su impartición es un ejercicio de pésima planificación, de falta de previsión y sobretodo, de falta de respeto hacia todos los estamentos educativos implicados: alumnos, familias, docentes y órganos de dirección. Esta normativa, que implica la presencia de dos profesores en el aula, el responsable de la asignatura y el responsable de la lengua inglesa en la que supuestamente se debe impartir la asignatura, se publica cuando las dedicaciones del profesorado de cada departamento docente están ya asignadas -recuerdo que hoy empiezan las clases-. Y eso sin entrar a cuestionar la posibilidad de la objeción o el desarrollo normativo sobre la asignatura que ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid.
El hecho más grave, sin embargo, no es ya el desarrollo normativo sobre una determinada materia. El pueblo valenciano escogió con mayoría absoluta al Partido Popular para que legislara, entre otras cosas, sobre la educación de nuestros jóvenes y con ello tenemos que lidiar al menos esta legislatura -y como el PSOE no se enmiende, para alguna más-. El problema más grave es la permisividad de la sociedad valenciana ante el uso que de un tema tan sensible como la formación de los jóvenes está haciendo un partido político, por mucha mayoría absoluta que tenga. La responsabilidad sobre el marco general de educación corresponde al gobieno estatal, refrendado por el Parlamento y el Senado. El hecho de la discrepancia política entre el gobierno central y el valenciano no puede, no debiera repercutir en el ámbito educativo y, menos aún, en la propugnación de métodos de insumisión ante las leyes aprobadas, aún las que no nos gusten.
Si así fuera, aquellos que, también desde el ámbito de la educación, no estemos de acuerdo con las leyes y decretos aprobadas por este gobierno valenciano, estaríamos avalados por su propia actitud y comportamiento para ejercer una insumisión boicoteadora de aquellas cuestiones con las que discrepamos. Y los principales perjudicados de todo eso no serían los gobiernos de cualquier color, los docentes o los padres: los perjudicados de manera especialmente sensible son los jóvenes que, sin saber bien qué pasa ni por qué pasa, se encuentran inmersos en una batalla política sobre la que, además, a nadie parece importar conocer su opinión.
Serán, como en otras guerras y otras batallas, daños colaterales asumibles en función de otras victorias mayores.
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