Rodolfo Arango
06 Mayo 2012
La
historia se repite. El exterminio de la Unión Patriótica (UP) por la
extrema derecha frustró la reinserción de la guerrilla de las Farc a la
vida civil y política a principios de los noventa.
Rodolfo Arango,
profesor de filosofía política y del derecho en la Universidad de los
Andes (Bogotá), es un filósofo internacionalmente reconocido y uno de
los mas lúcidos y valerosos intelectuales públicos de la izquierda
democrática colombiana.
La
historia se repite. El exterminio de la Unión Patriótica (UP) por la
extrema derecha frustró la reinserción de la guerrilla de las Farc a la
vida civil y política a principios de los noventa.
Dos décadas después, la “mano oscura” amenaza a los líderes de la
Marcha Patriótica (MP). De cincuenta a ochenta mil se calcula el número
de personas que se manifestaron intachablemente hace dos semanas en
Bogotá por una salida pacífica al conflicto. No tardó mucho en que el
jefe de escoltas del secretario general del partido comunista, Carlos
Lozano, cayera asesinado, así como un importante líder regional luego
del retorno a su tierra.
No parece que hayamos aprendido mucho de la traumática experiencia de la UP. Por tradición los enemigos de la paz han impedido a sangre y fuego la reinserción política de la insurgencia, no sólo por descreer de sus intenciones, sino por rechazar sus pretensiones de justicia social. A la guerrilla, por su parte, le ha faltado comprometerse con un proceso que busque el entendimiento mutuo, cree confianza y conduzca finalmente a la paz. La reciente retención del periodista francés calificado por las Farc como “prisionero de guerra” —a lo que éste contribuyó al portar uniforme militar en el operativo donde fuera “capturado”— no augura nada positivo en el camino de construcción de confianza entre las partes en conflicto.
Mucho valdría la pena que los promotores de la MP se preguntaran sobre la oportunidad de mostrar hechos políticos antes de que las Farc cesen el fuego e, incluso, firmen un acuerdo de paz. Sin duda tal exigencia supone altos grados de cordura y responsabilidad. La contención, cuando hay tantos factores fuente de protesta e indignación, no es fácil. No obstante, Piedad Córdoba, esa mujer valiente y aguerrida a quien debemos tanto en la liberación de los secuestrados y en la construcción de la paz, no parece valorar adecuadamente el peligro de la situación que amenaza con desatar un baño de sangre en la MP similar al ya vivido en el pasado por la UP. Bien valdría a la exsenadora recapacitar sobre la oportunidad del movimiento y sobre el peligro al que somete a sus seguidores cuando se confunde la presión política por un acuerdo de paz ambicioso con la expresión legítima y sentida de la indignación social.
Por su parte, el gobierno Santos reproduce los errores del gobierno Pastrana. El reformismo social con miras a dejar sin banderas a la guerrilla en una posible negociación, aunado a la profundización del modelo económico neoliberal, lo único que asegura es una creciente polarización y el alejamiento de cualquier paz duradera. El proyecto de reforma constitucional para aplicar temporalmente a guerrilleros y paramilitares las flexibles reglas de la justicia transicional más parece una caricatura cómica que un paso firme al estado de civilidad. Esto porque las guerrillas de las Farc y el Eln no parecen dispuestas a desarmarse y reintegrarse a cambio de becas y taxis. Las aspiraciones guerrilleras de reforma política y económica no se satisfacen con el ofrecimiento de las capitulaciones de Justicia y Paz. Mientras Uribe y los amigos del exterminio total comprenden la situación y azuzan a sus huestes para abortar el incipiente acercamiento entre las partes, el Gobierno parece dispuesto a permitir que se repita la historia de la UP con la MP. En ese escenario, la paz no podría ser algo más lejano.
No parece que hayamos aprendido mucho de la traumática experiencia de la UP. Por tradición los enemigos de la paz han impedido a sangre y fuego la reinserción política de la insurgencia, no sólo por descreer de sus intenciones, sino por rechazar sus pretensiones de justicia social. A la guerrilla, por su parte, le ha faltado comprometerse con un proceso que busque el entendimiento mutuo, cree confianza y conduzca finalmente a la paz. La reciente retención del periodista francés calificado por las Farc como “prisionero de guerra” —a lo que éste contribuyó al portar uniforme militar en el operativo donde fuera “capturado”— no augura nada positivo en el camino de construcción de confianza entre las partes en conflicto.
Mucho valdría la pena que los promotores de la MP se preguntaran sobre la oportunidad de mostrar hechos políticos antes de que las Farc cesen el fuego e, incluso, firmen un acuerdo de paz. Sin duda tal exigencia supone altos grados de cordura y responsabilidad. La contención, cuando hay tantos factores fuente de protesta e indignación, no es fácil. No obstante, Piedad Córdoba, esa mujer valiente y aguerrida a quien debemos tanto en la liberación de los secuestrados y en la construcción de la paz, no parece valorar adecuadamente el peligro de la situación que amenaza con desatar un baño de sangre en la MP similar al ya vivido en el pasado por la UP. Bien valdría a la exsenadora recapacitar sobre la oportunidad del movimiento y sobre el peligro al que somete a sus seguidores cuando se confunde la presión política por un acuerdo de paz ambicioso con la expresión legítima y sentida de la indignación social.
Por su parte, el gobierno Santos reproduce los errores del gobierno Pastrana. El reformismo social con miras a dejar sin banderas a la guerrilla en una posible negociación, aunado a la profundización del modelo económico neoliberal, lo único que asegura es una creciente polarización y el alejamiento de cualquier paz duradera. El proyecto de reforma constitucional para aplicar temporalmente a guerrilleros y paramilitares las flexibles reglas de la justicia transicional más parece una caricatura cómica que un paso firme al estado de civilidad. Esto porque las guerrillas de las Farc y el Eln no parecen dispuestas a desarmarse y reintegrarse a cambio de becas y taxis. Las aspiraciones guerrilleras de reforma política y económica no se satisfacen con el ofrecimiento de las capitulaciones de Justicia y Paz. Mientras Uribe y los amigos del exterminio total comprenden la situación y azuzan a sus huestes para abortar el incipiente acercamiento entre las partes, el Gobierno parece dispuesto a permitir que se repita la historia de la UP con la MP. En ese escenario, la paz no podría ser algo más lejano.
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