Creía que, después de la frustrante Comisión de Investigación (??) del accidente del metro de Valencia, este gobierno no podría caer más bajo. Evidentemente, en cuestiones morales y pólíticas, por muy mal que estés siempre quedan peldaños por bajar.
El expediente abierto a Diego Verdú, representante del Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana en el comité de seguridad en la circulación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es otro descenso más en la escala política y en la catadura moral del gobierno valenciano del PP y en particular de sus dos máximos responsables en este tema: Camps y García Antón. Decía ayer Zaplana -nada menos que Zaplana- respecto al inicidente en Martorell que "el Gobierno no está garantizando condiciones mínimas para poder ejercer los derechos y libertades de las personas", y que "la diferencia entre democracia y dictadura radica en el ejercicio de esos derechos, cuya garantía corresponde, sin duda alguna, al Gobierno". Debe ser que en Valencia, decir la verdad y expresar un opinión como representante de un sindicato en una comisión parlamentaria no dede ser un derecho de las personas. ¿O que no estamos en democracia?. Zaplana dixit.
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