Rajoy denuncia que son los "Torquemada del siglo XXI" quienes han causado los problemas de Camps con la justicia. El jefe máximo del principal partido de la oposición, al que se le supone vocación de gobierno, pone en tela de juicio las actuaciones de los jueces instructores y, por ende, de la justicia.

No digo yo que no hay razones para criticar determinadas actuaciones de esta misma justicia: sigo sin entender, por mucho que han intentado explicarmelo, cómo es posible que juzguen y condenen a tres altos militares por el caso Yak-42 y Trillo siga sin ser siquiera imputado como responsable del Ministerio de Defensa en el momento del accidente y de las falsedades documentales posteriores al mismo. Pero digo yo que algo de culpa tendrán los imputados cuando su nombre aparece tan claramente vinculado a actuaciones irregulares y sospechosas de presunto cohecho y financiación irregular del partido que dirigen.

Sin embargo, el ejercicio continuado de apoyo por parte de Rajoy a uno de los mayores bastiones electorales de los últimos años del Partido Popular, el M.H. President Francisco Camps, no parece lógico. No sólo por incumplir sus propios estatutos y el código de conducta que sí han aplicado a otros imputados -Víctor Campos, en Valencia- sino por cuestionar de esa manera el propio estado de derecho, frente a las actuaciones, como mínimo cuestionables, de sus propios militantes, por muy presidentes que sean.

El ejercicio de irresponsabilidad de la dirección del PP empieza a sobrepasar el de los propios imputados valencianos y la utilización que estan haciendo de las instituciones donde mandan. El espectáculo de la Presidenta de les Corts en cada pleno, la burla y las mentiras de Camps hacia el Parlamento y, por extensión, a toda la ciudadanía representada en él -incluyendo a sus propios votantes y grupo parlamentario, que también tienen el derecho a saber qué ha ocurrido realmente con las empresas y si ha habido financiación irregular del partido-, la imputación de Costa, Campos y Fabra por temas diversos o la reapertura de las facturas falsas de Terra Mítica no son fruto de la Inquisición Monárquica del siglo XXI. Todo ello es el resultado de investigaciónes y decisiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de los tribunales de justicia, estamentos que deben merecer el máximo respeto y hacia los cuales quienes gobiernan -Camps y Costa- o lideran la oposición -Rajoy- deben mostrar máximo respeto hacia su trabajo y hacia las decisiones que tomen. Capacidad para mostrar discrepancias hay de sobra pero eso no justifica el cuestionamiento de los jueces, porque socava los cimientos de la convivencia. Si mi presidente miente en el parlamento y no asume el trabajo del juez, ¿qué mensaje transmite a la sociedad?. Si Rajoy llama inquisidor a quien hace su trabajo, mal que le pese, e incumple su normativa interna, ¿cómo puede ser referente ideológico de una alternativa posible al gobierno actual?. Si el PP muestra, sin fisuras, su apoyo incondicional a presuntos corruptos, y a ex-ministros indecentes y cobardes, incapaces de asumir responsabilidades, ¿cómo pretenden ser un referente ético, moral o político de nuestra sociedad?.

En política, la presunción de inocencia desaparece cuando hay pruebas evidentes de comportamientos incorrectos. Rajoy ha unido indisolublemente su futuro y su credibilidad al de Camps y Fabra, cruzando la línea del respeto a las instituciones y al funcionamiento democrático que ya habían cruzado otros compañeros suyos de partido. Y los votos de las urnas no lo devolverán al lado correcto, por mucho que se empeñen en ello.

La hoguera de las vanidades sigue creciendo y quemará en su seno a todos aquellos que han alardeado de tener amistades peligrosas.